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Se trata de un recurso de protección presentado por el representante de un paciente de…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

Se trata de un recurso de protección presentado por el representante de un paciente de 22 años con A.M.E.T. 2, quien pedía que se ordenara el suministro inmediato del medicamento Risdiplam. Reclamaba contra el Servicio de Salud Metropolitano Norte, el Hospital San José y el Fondo Nacional de Salud, que no habían otorgado la cobertura. La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la acción, y luego la Corte Suprema confirmó ese rechazo. El tribunal consideró que no se acreditó una vulneración de garantías constitucionales ni una actuación arbitraria o ilegal de los organismos demandados. Indicó además que el Servicio de Salud había señalado la baja evidencia, hasta ese momento, sobre la efectividad del medicamento, por lo que la decisión no era un mero capricho sino que estaba vinculada a la salubridad pública.

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Preguntas frecuentes

¿Procede un recurso de protección para exigir que el Estado suministre un medicamento de alto costo que no ha sido cubierto por el sistema de salud?

En este caso, la Corte Suprema confirmó el rechazo del recurso porque no se acreditó una vulneración de garantías constitucionales ni una actuación arbitraria o ilegal de los organismos demandados. Un recurso de protección no fue acogido para ordenar el suministro inmediato del medicamento.

¿Puede un servicio de salud negarse a financiar un medicamento alegando que no hay evidencia suficiente sobre su efectividad?

En este caso, la Corte Suprema consideró que el Servicio de Salud señaló la baja evidencia, hasta ese momento, sobre la efectividad del medicamento. El tribunal estimó que la decisión no era un mero capricho sino que estaba vinculada a la salubridad pública.

¿Cuándo una negativa de cobertura de un medicamento constituye una actuación arbitraria o ilegal que dé lugar a un recurso de protección?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que no se configuró una actuación arbitraria o ilegal de los organismos demandados, por lo que no se acogió la acción. El fallo se basa en que no se acreditó la vulneración de garantías constitucionales.

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