La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de la asignaci…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2013
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de la asignación del artículo 2° de la ley N° 19.699 para una funcionaria que posee un título técnico de nivel superior. El dictamen recuerda que el beneficio alcanza a quienes iniciaron estudios en universidades estatales o reconocidas por el Estado entre 1994 y 1998, en carreras análogas a otras que contaban con dictamen favorable previo, y que requiere la verificación de una comisión evaluadora. Luego de revisar los antecedentes, constató que la comisión había determinado que el diploma cumplía los requisitos legales. En consecuencia, el organismo resolvió reconsiderar oficios de 2012 de la Contraloría Regional del Biobío y encargó al Servicio de Registro Civil e Identificación regularizar el pago del beneficio reclamado.
Normas citadas
ley 19699 art/2
ley 19699 art/1
ley 19699 art/7
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede acceder a la asignación del artículo 2° de la ley 19.699 quien tiene un título técnico de nivel superior?
En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que el beneficio alcanza a quienes iniciaron estudios en universidades estatales o reconocidas por el Estado entre 1994 y 1998, en carreras análogas a otras con dictamen favorable previo, y que requiere verificación de una comisión evaluadora. Constató que la comisión había determinado que el diploma cumplía los requisitos legales.
¿Qué debe verificar la comisión evaluadora para otorgar la asignación de la ley 19.699?
En este caso, el organismo recordó que la procedencia del beneficio exige la verificación de una comisión evaluadora, la que había determinado que el título cumplía los requisitos legales. Con esa constatación, resolvió favorablemente la solicitud.
¿Qué efectos tiene un dictamen de la Contraloría que reconsidera oficios previos sobre una asignación de la ley 19.699?
En este caso, la Contraloría resolvió reconsiderar oficios de 2012 de la Contraloría Regional del Biobío y encargó al Servicio de Registro Civil e Identificación regularizar el pago del beneficio reclamado. Así, dejó sin efecto la postura anterior sobre la procedencia de la asignación.
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