El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2026
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la empresa Itelecom respecto del artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil, en el marco de una gestión pendiente ante la Corte Suprema. La controversia se originó en un reclamo de ilegalidad contra la Municipalidad de Til Til por el término de un contrato de mantención lumínica. La empresa dedujo casación en la forma y en el fondo, alegando que la sentencia de alzada carecía de firma electrónica válida de todos los jueces, pero el precepto impugnado excluye esa causal en ciertos negocios, lo que a su juicio vulneraba el debido proceso y el derecho a un recurso efectivo. El Tribunal rechazó el requerimiento, considerando que la configuración de los recursos corresponde al legislador y que subsiste la casación en el fondo como vía de revisión. Hubo un voto disidente que habría acogido la acción por estimar la restricción arbitraria y lesiva de la tutela judicial efectiva.
Normas citadas
Artículo 768 inciso segundo Código de Procedimiento Civil
Artículo 19 N°3 inciso sexto Constitución Política de la República
Artículo 5° Constitución Política de la República
Artículo 151 LOCM
Artículo 11 inciso segundo Ley 19.880
Artículo 41 inciso cuarto Ley 19.880
Artículo 13 letra b) e inciso final Ley 19.886
Artículos 77 N°2 y 79 DS 250/2004
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que el Código de Procedimiento Civil excluya la casación en la forma en ciertos negocios?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y estimó que la configuración de los recursos corresponde al legislador, subsistiendo la casación en el fondo como vía de revisión. Hubo un voto disidente que consideró la restricción arbitraria.
¿Puede una empresa alegar en casación la falta de firma electrónica de los jueces en una sentencia de alzada?
En este caso, la empresa pretendió invocar esa causal, pero el precepto impugnado la excluía en ciertos negocios, lo que motivó el requerimiento de inaplicabilidad. El Tribunal Constitucional rechazó dicho requerimiento.
¿El legislador puede limitar los recursos procesales sin vulnerar el debido proceso y la tutela judicial efectiva?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la configuración de los recursos corresponde al legislador, por lo que rechazó la alegación de vulneración del debido proceso. Un voto disidente estimó, en cambio, que la restricción era lesiva de la tutela judicial efectiva.
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