El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Subsecretaría de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que no había entregado un acta de una reunión de la Fundación Mercamar realizada en abril de 2019. El Consejo ordenó la entrega de la información como documento público, previo tarjado de los datos personales de contexto que contenga, conforme a la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Para ello desestimó la causal de reserva invocada por el tercero interesado, quien sólo manifestó su oposición sin acreditar el perjuicio que le causaría la divulgación. La decisión impone al órgano la obligación de acreditar la entrega ante el Consejo, bajo apercibimiento de sanciones por incumplimiento. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 19.628
Ley N° 18.575
Artículo 9° de la ley N° 19.880
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Un órgano de la administración del Estado puede negarse a entregar el acta de una reunión con una fundación privada si un tercero se opone?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó la entrega del acta como documento público. Desestimó la reserva invocada por el tercero, porque solo manifestó su oposición sin acreditar el perjuicio que le causaría la divulgación.
¿Qué datos se deben proteger al entregar un acta de reunión pública de un órgano del Estado?
En este caso, el Consejo ordenó entregar el acta previo tarjado de los datos personales de contexto que contenga, conforme a la Ley sobre Protección de la Vida Privada. El resto del documento debe entregarse.
¿Qué pasa si un órgano público no cumple una resolución del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?
En este caso, la resolución impone al órgano la obligación de acreditar la entrega ante el Consejo, bajo apercibimiento de sanciones por incumplimiento. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
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