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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado por un ciudadano contra el…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado por un ciudadano contra el Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, por falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información. El órgano debía entregar el inventario actualizado de bienes muebles, incluyendo su valor libro y depreciación. Además, el Consejo representó a la directora ejecutiva del servicio la infracción a los plazos de respuesta establecidos en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y al principio de oportunidad del artículo 11, letra h), y ordenó acreditar el cumplimiento de la entrega dentro de plazo. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, en el plazo de 15 días corridos desde su notificación.

Normas citadas

  • Constitución Política de la República
  • Ley de Transparencia
  • Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurre si un servicio público no responde una solicitud de acceso a la información dentro de plazo en Chile?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo por falta de respuesta a una solicitud de inventario de bienes muebles, ordenó la entrega y representó a la directora ejecutiva la infracción a los plazos del artículo 14 de la Ley de Transparencia y al principio de oportunidad del artículo 11, letra h).

¿Se puede pedir a un servicio público el inventario de sus bienes muebles con su valor libro y depreciación?

En este caso, el Consejo para la Transparencia ordenó al Servicio Local de Educación Pública entregar el inventario actualizado de bienes muebles, incluyendo su valor libro y depreciación, y acreditar el cumplimiento dentro de plazo.

¿Contra qué resoluciones del Consejo para la Transparencia procede un reclamo de ilegalidad y en qué plazo?

En este caso, el Consejo sostuvo que contra su resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de 15 días corridos desde su notificación.

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