El Juzgado de Policía Local de Peñalolén conoció una querella infraccional y demandas c…
Sentencia · JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PEÑALOLEN · 2024
Resumen
El Juzgado de Policía Local de Peñalolén conoció una querella infraccional y demandas civiles por el robo de un vehículo estacionado en el estacionamiento de un centro comercial, en un procedimiento de protección al consumidor. Rechazó la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la proveedora, Cencosud Retail S.A., y la condenó a una multa de 10 UTM por infringir los artículos 3 letra b) y 23 de la Ley N° 19.496. Rechazó la demanda civil de indemnización del denunciante y acogió la del propietario del vehículo, condenando a la proveedora al pago de $9.161.933 por concepto de daño emergente, reajustado según IPC desde la notificación de la demanda, con intereses corrientes desde que el fallo quede ejecutoriado, además de las costas. Ordenó remitir copia al Servicio Nacional del Consumidor una vez ejecutoriada la sentencia.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra b
Ley 19.496, Art. 23 Inc. 1
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿Responde un centro comercial por el robo de un vehículo estacionado en su estacionamiento según la Ley del Consumidor?
En este caso, el Juzgado de Policía Local de Peñalolén condenó a la proveedora Cencosud Retail S.A. por infringir los artículos 3 letra b) y 23 de la Ley N° 19.496, aplicando una multa, y la obligó a indemnizar el daño emergente al propietario del vehículo robado.
¿Puede el propietario de un vehículo robado en un estacionamiento demandar la indemnización del daño sufrido aunque no sea quien lo denunció?
En este caso, el tribunal rechazó la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la proveedora y acogió la demanda civil del propietario del vehículo, mientras que rechazó la del denunciante.
¿Desde cuándo se deben intereses y reajustes en una condena por daño emergente en un juicio de consumidor?
En este caso, el fallo ordenó reajustar la suma por IPC desde la notificación de la demanda y pagar intereses corrientes desde que la sentencia quede ejecutoriada, además de las costas.
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