El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el que se cuestionaba la aplicación del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, por su eventual contradicción con el principio de proporcionalidad de las penas (artículo 19 N° 3, inciso sexto, de la Constitución), con la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2) y con la garantía de defensa (artículo 19 N° 3 y N° 24). Según los antecedentes, la discusión giró en torno a la restricción de penas sustitutivas y a su compatibilidad con la finalidad de reinserción social. Sin embargo, lo resolutivo consigna que se produjo empate de votos, por lo que no se alcanzó la mayoría exigida por el artículo 93, inciso primero, N° 6, de la Constitución para declarar la inaplicabilidad. En consecuencia, el requerimiento fue rechazado, se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento y no se condenó en costas a la parte requirente por haber tenido motivo plausible para litigar.
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Preguntas frecuentes
¿Se puede declarar inaplicable el artículo 1° de la Ley N° 18.216 por contradecir la proporcionalidad de las penas y la igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal Constitucional no lo declaró inaplicable porque hubo empate de votos y no se alcanzó la mayoría exigida por el artículo 93 de la Constitución. El requerimiento fue rechazado y se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento.
¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional empata en un requerimiento de inaplicabilidad?
En este caso, el empate impidió reunir la mayoría necesaria para acoger la inaplicabilidad, lo que llevó al rechazo del requerimiento. Con ello, la sentencia no alteró la aplicación de la norma cuestionada.
¿Se condena en costas a quien presenta un requerimiento de inaplicabilidad que es rechazado?
En este caso, el Tribunal Constitucional no condenó en costas a la parte requirente porque tuvo motivo plausible para litigar. El rechazo del requerimiento no implicó automáticamente la imposición de costas.
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