El Consejo para la Transparencia conoció un recurso de amparo presentado contra la Junt…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un recurso de amparo presentado contra la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). El solicitante reclamaba la demora en la entrega de una tarjeta estudiantil de reposición y pedía que se fiscalizaran los plazos de ese trámite. El Consejo determinó que la pretensión no constituía una solicitud de acceso a la información pública, sino el ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución. Como no se ejerció el derecho de acceso a la información en los términos que exige la Ley de Transparencia, el Consejo acordó, por unanimidad de sus miembros presentes, declarar inadmisible el amparo. La decisión fue notificada a las partes y se indicó que en su contra procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde la notificación, sin que proceda el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidad
Preguntas frecuentes
¿Es admisible un amparo ante el Consejo para la Transparencia si el reclamo no es una solicitud de acceso a información pública?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque la pretensión no constituía una solicitud de acceso a la información pública, sino el ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución.
¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo?
En este caso, el Consejo indicó que en contra de su decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde la notificación, sin que proceda el recurso de reposición.
¿Puede el Consejo para la Transparencia fiscalizar los plazos de un trámite administrativo a través de un amparo?
En este caso, el Consejo determinó que la pretensión de fiscalizar los plazos de entrega de una tarjeta estudiantil no constituía una solicitud de acceso a la información pública, por lo que declaró inadmisible el amparo.
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