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El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo deducido en contra de la Municipalid…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022

Resumen

El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo deducido en contra de la Municipalidad de Los Ángeles, que buscaba acceder a certificados de registro de actos administrativos en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado de la Contraloría General de la República. El órgano requerido alegó que la información era inexistente. El Consejo sostuvo que la sola invocación de la inexistencia no basta, pero que en este caso la municipalidad expuso los motivos específicos por los cuales los certificados no obraban en su poder, sin que existieran antecedentes que permitieran concluir lo contrario. Por ello, se rechazó el amparo en este punto. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos desde la notificación.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 18.695
  • Ley N° 19.628
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Basta con que un organismo público alegue que la información solicitada no existe para negar un acceso por transparencia?

No, el Consejo para la Transparencia sostuvo que la sola invocación de la inexistencia no basta. En este caso, la municipalidad explicó los motivos específicos por los que los certificados no estaban en su poder y no había antecedentes que indicaran lo contrario, por lo que se rechazó el amparo en ese punto.

¿Cuál es el plazo para reclamar de una decisión del Consejo para la Transparencia que rechaza un amparo?

Según el resumen, contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos desde la notificación.

¿Puede una persona pedir a una municipalidad certificados de registro de actos administrativos del sistema de la Contraloría?

En este caso, el Consejo rechazó el amparo que buscaba esos certificados porque la municipalidad acreditó que no los tenía en su poder y no existían antecedentes que permitieran concluir lo contrario.

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