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La Corte Suprema, en una acción de cautela de derechos constitucionales interpuesta por…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte Suprema, en una acción de cautela de derechos constitucionales interpuesta por una sociedad propietaria de un terreno en C.S.A., revocó la sentencia de primera instancia que había desestimado el recurso y acogió la protección del derecho de propiedad frente a la ocupación ilegal del inmueble por un campamento. El tribunal sostuvo que la acción es procedente aun cuando existan múltiples ocupantes y aunque organismos públicos hayan incluido el asentamiento en programas de vivienda, por lo que ordenó el desalojo en un plazo de seis meses. Asimismo, dispuso que el municipio, junto a los ministerios del Interior y Seguridad Pública, Vivienda y Urbanismo, B.N.D.S., habilite transitoriamente un recinto para albergar a las personas desalojadas, y ofició al Ministerio del Interior para velar por la ejecución del desalojo en esas condiciones. La decisión fue adoptada con el voto en contra de la Ministra González, quien estuvo por confirmar la sentencia apelada.

Normas citadas

  • Artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República
  • Acción de cautela de derechos constitucionales
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Preguntas frecuentes

¿Procede la acción de cautela de derechos constitucionales para proteger el derecho de propiedad frente a la ocupación de un terreno por un campamento?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que sí procede, aun cuando existan múltiples ocupantes y aunque organismos públicos hayan incluido el asentamiento en programas de vivienda. Revocó la sentencia de primera instancia y acogió la protección del derecho de propiedad, ordenando el desalojo en seis meses.

¿La inclusión de un campamento en programas públicos de vivienda impide ordenar su desalojo en una acción de protección?

En este caso, la Corte Suprema concluyó que no, pues la inclusión del asentamiento por organismos públicos en programas de vivienda no impidió acoger la protección del derecho de propiedad. Por ello ordenó el desalojo en un plazo de seis meses.

¿Qué medidas puede ordenar la Corte Suprema para resguardar a las personas desalojadas de un campamento?

En este caso, la Corte dispuso que el municipio y los ministerios del Interior y Seguridad Pública, y de Vivienda y Urbanismo, junto al B.N.D.S., habiliten transitoriamente un recinto para albergar a las personas desalojadas. También ofició al Ministerio del Interior para velar por la ejecución del desalojo en esas condiciones.

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