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La Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por una empresa propietaria…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por una empresa propietaria de un predio en Cartagena, Región de Valparaíso, que se encontraba ocupado desde 2019 por alrededor de 150 familias en un campamento. El tribunal consideró que la ocupación sin consentimiento constituye una acción ilegal y arbitraria que vulnera el derecho de propiedad, sin que las consideraciones sociales justifiquen la privación de ese derecho. En su resolución, ordenó el desalojo del inmueble, otorgando un plazo de seis meses para implementar medidas de relocalización o radicación de las familias, con coordinación del Serviu y otros organismos. Si no se cumple el plazo, se dispondrá el desalojo inmediato con auxilio de la fuerza pública, debiendo Carabineros ejecutarlo dentro de treinta días. Además, se instruyó notificar la sentencia a los ocupantes, coordinar un recinto de albergue transitorio y remitir antecedentes al Ministerio Público.

Normas citadas

  • Constitución Política de la República - Derecho de Propiedad
  • Recurso de Protección
ocupación irregulardesalojoderecho de propiedadcampamentoCartagenarecurso de protecciónviviendaasentamiento informal

Preguntas frecuentes

¿Puede la Corte Suprema ordenar el desalojo de un campamento ocupado sin consentimiento del propietario, con ocupación de varios años?

En este caso, la Corte Suprema acogió un recurso de protección y sostuvo que la ocupación sin consentimiento es ilegal y arbitraria, vulnerando el derecho de propiedad, y que las consideraciones sociales no justifican privarlo de ese derecho. Ordenó el desalojo, con un plazo de seis meses para medidas de relocalización o radicación coordinadas con el Serviu.

¿Qué ocurre si las familias ocupantes no abandonan el inmueble dentro del plazo fijado en una sentencia de protección?

En este caso, el tribunal dispuso que, si no se cumple el plazo, se procederá al desalojo inmediato con auxilio de la fuerza pública, debiendo Carabineros ejecutarlo dentro de treinta días. También ordenó notificar a los ocupantes, coordinar un albergue transitorio y remitir antecedentes al Ministerio Público.

¿Qué medidas de apoyo social debe coordinar el Estado cuando se ordena el desalojo de un campamento mediante un recurso de protección?

En este caso, la Corte Suprema otorgó seis meses para implementar medidas de relocalización o radicación de las familias, con coordinación del Serviu y otros organismos. Además, instruyó coordinar un recinto de albergue transitorio para los ocupantes.

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