Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la obligación de las instituciones de educación superior de acreditar la condición socioeconómica de los postulantes al programa de becas de educación superior. El órgano concluyó que el inciso segundo del artículo 40 del decreto N° 116, de 2012, del Ministerio de Educación, no traspasó a dichas instituciones funciones propias del Ministerio, pues la potestad decisoria seguía radicada en éste, que además debía supervisar el otorgamiento, goce y término de los beneficios. Agregó que la obligación fue reiterada por el artículo 19 del decreto N° 97, de 2013, y por las glosas presupuestarias de las leyes N° 20.641 y N° 20.713, las que tienen carácter de disposiciones legales de aplicación general y obligatoria. En consecuencia, las instituciones deben recibir y examinar los antecedentes que justifiquen la necesidad socioeconómica de los postulantes e informar sus resultados al Ministerio de Educación para la asignación de las becas.