La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó una reclamación interpuesta contra un decre…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó una reclamación interpuesta contra un decreto de expulsión dictado por el Servicio Nacional de Migraciones, que ordenó la salida del territorio nacional de un ciudadano colombiano. La parte reclamante alegaba arraigo laboral y familiar, la vulneración del principio de proporcionalidad y la antigüedad de una condena penal extranjera que motivó el rechazo de su visa. El tribunal concluyó que la autoridad actuó dentro de sus atribuciones legales, al considerar el incumplimiento de una orden previa de abandono del país. Asimismo, estimó que la condena por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes activa prohibiciones legales de residencia establecidas en la Ley Nº 21.325, lo que hace razonable la medida adoptada.
Normas citadas
Artículo 141, Ley Nº 21.325
Artículo 67, Decreto Ley Nº 1.094 de 1975
Artículos 141 y siguientes, Ley Nº 21.325
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Preguntas frecuentes
¿Puede la autoridad migratoria expulsar a un extranjero que tiene arraigo laboral y familiar en Chile?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que la autoridad actuó dentro de sus atribuciones legales al expulsar al extranjero, porque había incumplido una orden previa de abandonar el país. Rechazó el argumento de arraigo laboral y familiar.
¿Una condena penal extranjera por tráfico de estupefacientes impide obtener residencia en Chile?
En este caso, la Corte estimó que la condena por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes activa prohibiciones de residencia establecidas en la Ley Nº 21.325. Por ello, consideró razonable la medida adoptada por el Servicio Nacional de Migraciones.
¿Se vulnera el principio de proporcionalidad cuando se expulsa a un extranjero por una condena antigua?
En este caso, la Corte rechazó la reclamación y no acogió el alegato de vulneración de proporcionalidad ni el argumento sobre la antigüedad de la condena penal extranjera. Estimó que la medida era razonable por la prohibición legal de residencia y el incumplimiento de la orden previa de abandono.
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