La Corte de Apelaciones de Santiago conoció una reclamación interpuesta por un abogado…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago conoció una reclamación interpuesta por un abogado en favor de un ciudadano colombiano contra el Servicio Nacional de Migraciones, que había ordenado su expulsión mediante decreto exento. El reclamante sostenía que la condena penal en su país de origen, por tráfico de estupefacientes, era antigua y que había demostrado reinserción social con arraigo laboral y familiar en Chile. La autoridad migratoria fundó la medida en el incumplimiento de una orden de abandono del país y en la prohibición legal de otorgar residencia a condenados por delitos de drogas. El tribunal resolvió rechazar el reclamo, al estimar que la decisión se ajustó a derecho, pues el artículo 32 Nº1 en relación con el artículo 88 Nº2 de la Ley Nº21.325 impide otorgar residencia en estos casos y no se apreció ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la autoridad.
Normas citadas
Ley N° 21.325
D.L. N° 1.094
Ley N° 1.094
Resolución Exenta N° 3115
Artículo 141 de la Ley N° 21.325
Artículo 67 del D.L. N° 1.094
expulsión de extranjerosreclamación de expulsiónincumplimiento de orden de abandonoprincipio de proporcionalidadarraigo laboral y familiarantecedentes penales por tráfico de estupefacientesimpedimento legal para otorgar residenciamigración irregular
Preguntas frecuentes
¿Es válida una expulsión fundada en el incumplimiento de una orden de abandono del país y en la prohibición de otorgar residencia por condena por drogas?
En este caso, el tribunal sostuvo que la autoridad migratoria fundó la medida en el incumplimiento de la orden de abandono y en la prohibición legal de conceder residencia, y consideró que dicho fundamento era conforme a la ley. Por ello rechazó el reclamo contra el decreto de expulsión.
¿Qué efecto tiene la reinserción social y el arraigo familiar y laboral en una reclamación contra una expulsión migratoria?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago no acogió los argumentos de reinserción social y arraigo laboral y familiar, porque la prohibición legal de otorgar residencia a condenados por delitos de drogas prevaleció sobre ellos. Así, confirmó la legalidad de la expulsión.
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