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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra el Servicio Electoral, que se…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra el Servicio Electoral, que se había negado a entregar copia de las declaraciones juradas presentadas por los candidatos a diputados que inscribieron sus candidaturas en el distrito 10 para las elecciones parlamentarias de 2021, en las que acreditaban su residencia. El órgano invocó la reserva por afectación de los derechos de las personas, pero no logró acreditar su configuración. Aunque la residencia es, en abstracto, un dato personal, el Consejo estimó que la protección debe ceder ante el interés público de conocer el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para postular a un cargo de elección popular, prevaleciendo el derecho de acceso a la información sobre la ley N° 19.628. Se ordenó la entrega de la información, con plazo para acreditar su cumplimiento bajo apercibimiento de sanciones previstas en la Ley de Transparencia.

Normas citadas

  • Ley N° 18.700
  • Ley N° 19.628
  • Ley N° 20.285
  • Artículo 3º de la ley N° 18.700
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Se puede acceder a las declaraciones juradas de residencia de los candidatos a diputado presentadas al Servicio Electoral?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y ordenó al Servicio Electoral entregar esas declaraciones, al estimar que no acreditó la reserva por afectación de derechos de las personas. Aunque la residencia es, en abstracto, un dato personal, el interés público en verificar el cumplimiento de los requisitos para postular a un cargo de elección popular prevaleció.

¿Qué debe hacer un órgano que es condenado en un amparo de acceso a la información si no entrega lo ordenado?

En este caso, el Consejo para la Transparencia ordenó la entrega de la información con un plazo para acreditar su cumplimiento, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en la Ley de Transparencia. El órgano debe cumplir dentro de ese plazo o enfrentar esas sanciones.

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