Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del acusado contra la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo que lo condenó a diez años y un día de presidio mayor en su grado medio como autor del delito de homicidio simple, previsto en el artículo 391 N°2 del Código Penal, en perjuicio de una víctima ocurrido el 6 de junio de 2015 en la comuna de San Bernardo. La defensa alegó como causal principal la vulneración del debido proceso y del derecho a defensa, por la admisión y valoración de la declaración de un testigo reservado introducido mediante testimonio de oídas de funcionarios policiales, que no figuraba en el auto de apertura, lo que habría impedido formular el interrogatorio de contraste. Como causal subsidiaria, alegó la defectuosa valoración de la prueba rendida en el juicio, particularmente la introducción de un testigo que no compareció a través de dos testigos policiales, con infracción al artículo 296 del Código Procesal Penal, y la falta de aplicación de reglas de experiencia y sentido común en la evaluación probatoria. La Corte Suprema concluyó que la valoración de la prueba constituye una facultad privativa de los jueces del fondo y que no se configuraron las infracciones denunciadas, rechazando el recurso de nulidad en todas sus causales.