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La Contraloría General de la República acogió el reclamo de una funcionaria municipal a…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República acogió el reclamo de una funcionaria municipal afecta a la ley N° 18.883 contra su proceso calificatorio, por falta de fundamentación de la resolución del alcalde que rechazó su recurso de apelación. El organismo precisó que las juntas calificadoras no están obligadas a seguir la precalificación del jefe directo ni la hoja de vida, y que no puede revisar el fondo de las notas asignadas, por tratarse de mérito funcionario. Sin embargo, constató que la resolución de rechazo no señalaba los antecedentes considerados, exigencia que sí debe cumplir. En consecuencia, ordenó al municipio retrotraer el proceso calificatorio del período 2009-2010 hasta que la autoridad edilicia se pronuncie fundadamente sobre la apelación.

Normas citadas

  • Ley 18883 art/47
  • ley 18883 art/156
  • ley 18883 art/35
  • ley 18883 art/37
  • dto 1228/92 inter art/26
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Debe la junta calificadora municipal seguir la precalificación del jefe directo al evaluar a un funcionario afecto a la ley 18.883?

No. En este caso, la Contraloría General de la República precisó que las juntas calificadoras no están obligadas a seguir la precalificación del jefe directo ni la hoja de vida del funcionario.

¿Puede la Contraloría revisar las notas asignadas en una calificación de un funcionario municipal?

No, en este caso el organismo indicó que no puede revisar el fondo de las notas asignadas, porque se trata de mérito funcionario. Sin embargo, sí puede controlar la fundamentación formal de la resolución que resuelve la apelación.

¿Qué ocurre si el alcalde rechaza una apelación de calificación sin señalar los antecedentes considerados?

En este caso, la Contraloría constató que la resolución de rechazo no señalaba los antecedentes considerados, exigencia que debe cumplir, y ordenó retrotraer el proceso calificatorio del período respectivo hasta que la autoridad edilicia se pronuncie fundadamente sobre la apelación.

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