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La Contraloría General de la República impartió instrucciones con motivo de las eleccio…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República impartió instrucciones con motivo de las elecciones municipales de 2012, dirigidas a los funcionarios de la Administración del Estado. El dictamen aborda la prescindencia política de los funcionarios, la aplicación de los artículos 156 y siguientes de la ley 10336, la prohibición de usar bienes, vehículos y recursos públicos en actividades políticas, la situación de los alcaldes y concejales, y las responsabilidades y denuncias que correspondan. Se recuerda que los funcionarios deben observar un estricto apego al principio de probidad administrativa, y que el artículo 62 de la ley 18.575 tipifica conductas contrarias a ese principio, entre ellas emplear dinero o bienes institucionales en provecho propio o ajeno, usar personal o recursos del organismo para fines electorales, ejercer autoridad o bienes públicos con fines electorales, intervenir en asuntos con interés personal, y disponer contrataciones para finalidades políticas. Las infracciones graves pueden acarrear destitución o término de la relación laboral, y el organismo fiscalizador investigará y perseguirá las responsabilidades correspondientes.

Normas citadas

  • Pol art/6
  • pol art/7
  • ley 18575 art/2
  • ley 18575 art/3
  • ley 18575 art/5
  • ley 18575 art/7
  • Pol art/8
  • ley 18575 art/52 inc/2
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Pueden los funcionarios públicos usar bienes, vehículos o recursos del Estado en actividades políticas durante una elección municipal?

No. En este dictamen, la Contraloría General de la República instruyó a los funcionarios de la Administración del Estado a abstenerse de usar bienes, vehículos y recursos públicos en actividades políticas con motivo de las elecciones municipales de 2012.

¿Qué conductas constituyen una infracción al principio de probidad administrativa según la ley 18.575?

El dictamen recuerda que el artículo 62 de la ley 18.575 tipifica como contrarias a la probidad conductas como emplear dinero o bienes institucionales en provecho propio o ajeno, usar personal o recursos del organismo para fines electorales, y disponer contrataciones para finalidades políticas.

¿Qué consecuencias puede tener para un funcionario público infringir la prescindencia política en elecciones?

Según este dictamen, las infracciones graves pueden acarrear destitución o término de la relación laboral, y la Contraloría General de la República investigará y perseguirá las responsabilidades que correspondan.

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