Resumen
La Contraloría General de la República impartió instrucciones con motivo de las elecciones municipales de 2012, dirigidas a los funcionarios de la Administración del Estado. El dictamen aborda la prescindencia política de los funcionarios, la aplicación de los artículos 156 y siguientes de la ley 10336, la prohibición de usar bienes, vehículos y recursos públicos en actividades políticas, la situación de los alcaldes y concejales, y las responsabilidades y denuncias que correspondan. Se recuerda que los funcionarios deben observar un estricto apego al principio de probidad administrativa, y que el artículo 62 de la ley 18.575 tipifica conductas contrarias a ese principio, entre ellas emplear dinero o bienes institucionales en provecho propio o ajeno, usar personal o recursos del organismo para fines electorales, ejercer autoridad o bienes públicos con fines electorales, intervenir en asuntos con interés personal, y disponer contrataciones para finalidades políticas. Las infracciones graves pueden acarrear destitución o término de la relación laboral, y el organismo fiscalizador investigará y perseguirá las responsabilidades correspondientes.