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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de una persona c…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de una persona contratada a honorarios por la Municipalidad de San Miguel para prestar asesoría en la gestión del calendario de actividades del alcalde y en labores de terreno y comunicacionales. Se discutía si el contratado había cumplido lo pactado, cuestión que el dictamen resuelve afirmativamente, al constar en su informe final que prestó los servicios para los que fue contratado, conforme a los artículos 56 y 63, letra a), de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y al artículo 4° del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Sin embargo, el organismo advirtió que quienes prestan servicios a la Administración deben observar el principio de probidad administrativa del artículo 52 de la Ley N° 18.575 y la prohibición de realizar actividades políticas dentro de la Administración del artículo 19 de la misma ley. En consecuencia, instruyó al municipio a velar para que los honorarios ajusten sus actuaciones estrictamente a lo pactado en sus contratos y para que sus informes de gestión den cuenta solo de las actividades realizadas en el período correspondiente.

Normas citadas

  • ley 18695 art/56
  • ley 18695 art/63 lt/a
  • ley 18883 art/4 inc/3
  • ley 18575 art/52
  • ley 18575 art/19
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Qué obligaciones tiene un municipio respecto de los honorarios para evitar observaciones de la Contraloría?

El organismo instruyó a la municipalidad a velar para que los honorarios ajusten sus actuaciones estrictamente a lo pactado en sus contratos. También ordenó que los informes de gestión den cuenta solo de las actividades realizadas en el período correspondiente.

¿Qué principios limitan la actuación de quienes prestan servicios a honorarios para un órgano de la Administración del Estado?

En este dictamen, la Contraloría advirtió que quienes prestan servicios a la Administración deben observar el principio de probidad administrativa del artículo 52 de la Ley N° 18.575. Asimismo, deben cumplir la prohibición de realizar actividades políticas dentro de la Administración, establecida en el artículo 19 de la misma ley.

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