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Ambiental

La Corte Suprema emitió un informe al Senado sobre el proyecto de ley que modifica dive…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema emitió un informe al Senado sobre el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la institucionalidad ambiental (Boletín N° 16.552-12), enfocándose en el artículo 20 de la Ley N° 19.300, que regula la reclamación administrativa y judicial de las resoluciones de calificación ambiental. El Tribunal valoró positivamente que el proyecto restrinja el uso de la invalidación y de los recursos administrativos generales de la Ley N° 19.880, centralizando las impugnaciones en un recurso especial ante el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, restableciendo la obligación de agotar la vía administrativa y ampliando la legitimación para recurrir ante los tribunales ambientales. Advirtió una posible incongruencia en una de las hipótesis del literal g) con el artículo 18 N° 5 de la Ley N° 20.600, y observó una reducción de plazos procesales que, según estimó, no afectaría la tutela judicial efectiva. La Corporación Administrativa del Poder Judicial estimó que el impacto en la Corte Suprema sería marginal.

Normas citadas

  • Artículo 77, incisos segundo y tercero, Constitución Política de la República
  • Artículo 16, Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional
  • Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente
  • Ley N° 19.880 (recursos administrativos generales)
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Preguntas frecuentes

¿Se debe agotar la vía administrativa antes de recurrir a los tribunales ambientales contra una resolución de calificación ambiental?

La Corte Suprema destacó que el proyecto restablece la obligación de agotar la vía administrativa antes de recurrir ante los tribunales ambientales, y que amplía la legitimación para hacerlo.

¿El proyecto que modifica el artículo 20 de la Ley N° 19.300 afecta los plazos para reclamar ante la justicia ambiental?

La Corte Suprema observó que el proyecto reduce plazos procesales, lo que estimó que no afectaría la tutela judicial efectiva, y advirtió además una posible incongruencia en una hipótesis del literal g) con el artículo 18 N° 5 de la Ley N° 20.600.

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