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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la obligación de efectuar dec…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2025

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la obligación de efectuar declaración de intereses y patrimonio (DIP) en la Universidad de Playa Ancha, establecimiento estatal de educación superior. Conforme al artículo 4°, N° 12, de la ley N° 20.880, concluyó que el rector y los miembros del Consejo Superior de la universidad deben presentarla, por tratarse de órganos colegiados de gobierno con atribuciones de mayor trascendencia institucional, como la aprobación del presupuesto, las políticas de desarrollo y las políticas financieras y de endeudamiento. En cambio, determinó que los miembros del Senado Universitario, órgano representativo de la comunidad universitaria con competencias principalmente académicas, no están sujetos a esa obligación.

Normas citadas

  • Ley 20880 art/4 num/12
  • DTO 2/2016 sepre art/2 num/12
  • DFL 14/2023 educa art/13
  • DFL 14/2023 educa art/14
  • DFL 14/2023 educa art/18
  • DFL 14/2023 educa art/21
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Están obligados el rector y los consejeros de una universidad estatal a presentar la declaración de intereses y patrimonio?

Sí. La Contraloría concluyó que el rector y los miembros del Consejo Superior de la Universidad de Playa Ancha deben presentarla, porque son órganos colegiados de gobierno con atribuciones de mayor trascendencia institucional, como aprobar el presupuesto y las políticas financieras y de endeudamiento.

¿Los miembros del Senado Universitario deben hacer la declaración de intereses y patrimonio?

No. En este caso, la Contraloría determinó que los miembros del Senado Universitario, órgano representativo con competencias principalmente académicas, no están sujetos a esa obligación.

¿Qué criterio usa la Contraloría para decidir qué autoridades universitarias deben presentar la declaración de intereses y patrimonio?

Según el dictamen, la Contraloría considera la naturaleza del órgano y sus atribuciones, aplicando el artículo 4°, N° 12, de la ley N° 20.880: quedan obligados quienes integran órganos de gobierno con decisiones de mayor trascendencia institucional, y no quienes cumplen funciones principalmente académicas.

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