Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una consulta de una funcionaria de un hospital universitario estatal, quien solicitó que se le permitiera seguir trabajando hasta el pago de las bonificaciones de los artículos 9° de la ley N° 20.374 y 1° de la ley N° 20.807. El establecimiento le exigió dejar su cargo antes de ese pago, y argumentó que la normativa no contempla esa posibilidad para quienes acceden al beneficio por el procedimiento del artículo 5° de la ley N° 20.807. El organismo concluyó que la ley fija un plazo de noventa días desde la comunicación de la selección para hacer efectiva la renuncia, sin supeditarla al pago de las prestaciones. Como la funcionaria fue notificada del otorgamiento y dejó su empleo dentro de ese plazo, la decisión del establecimiento se ajustó a derecho.