La Corte de Apelaciones de Santiago conoció una acción de protección interpuesta contra…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago conoció una acción de protección interpuesta contra la Dirección de Compras y Contratación Pública, por supuestos errores en el registro de una oferta en el Portal de Mercado Público. La recurrente, una sociedad comercial, sostenía que la actuación administrativa afectaba sus derechos. El tribunal concluyó que la recurrida actuó conforme a sus facultades legales, citando la Ley N° 19.880, y que su negativa no fue arbitraria ni ilegal, ya que se fundamentó en el oficio respectivo. Asimismo, señaló que existía un proceso judicial pendiente ante el Tribunal de Contratación Pública. Al no verificarse un acto arbitrario o ilegal que vulnerara un derecho cierto y determinado, rechazó el recurso con costas, sin pronunciarse sobre garantías constitucionales por considerarlo inoficioso. La responsabilidad de enviar correctamente la oferta recae en el oferente.
Normas citadas
Ley N° 19.880
Resolución Exenta N° 266
Ley N° 20.730
Ley N° 19.886
Oficio N° 0803
Artículo 16 de la Ley N° 19.886
Artículo 3° de la Ley N° 19.880
Artículo 51 de la Ley N° 19.880
acción de protecciónactos arbitrariosactos ilegalesMercado Públicocompras públicaspresunción de legalidadejecutoriedad de actos administrativosLey N° 19.880
Preguntas frecuentes
¿Quién responde si una oferta no queda correctamente enviada en el Portal de Mercado Público?
En este caso, la Corte sostuvo que la responsabilidad de enviar correctamente la oferta recae en el oferente, y no en la entidad pública que administra el portal.
¿Puede la Corte de Apelaciones pronunciarse por vía de protección si ya existe un proceso judicial pendiente sobre el mismo asunto de contratación pública?
En este caso, la Corte tomó en cuenta que existía un proceso pendiente ante el Tribunal de Contratación Pública y, al no verificar un acto arbitrario o ilegal que vulnerara un derecho cierto, rechazó el recurso con costas, sin pronunciarse sobre garantías constitucionales por considerarlas inoficiosas.
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