El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación presentada por un…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2025
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación presentada por una empresa constructora contra un municipio, a raíz de una licitación pública para el arriendo de toldos tipo carpa destinados a una fiesta local. La empresa cuestionó el informe de evaluación de oferentes y el decreto que adjudicó el contrato a otro proveedor. El tribunal acogió la impugnación porque la comisión evaluadora, ante la falta de consultas o aclaraciones de los oferentes, aplicó un método de evaluación de la experiencia distinto al previsto en las bases, con lo que vulneró el principio de estricta sujeción a las bases consagrado en la Ley N°19.886. En consecuencia, declaró ilegales y arbitrarios tanto el informe de evaluación como el decreto de adjudicación. Sin embargo, como el contrato ya había sido adjudicado a un oferente de buena fe que lo ejecutó íntegramente, no dejó sin efecto la adjudicación y solo reconoció a la demandante el derecho a entablar las acciones indemnizatorias y disciplinarias que estimara pertinentes ante las sedes jurisdiccionales correspondientes. Cada parte pagó sus costas.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si la comisión evaluadora aplica un criterio de evaluación distinto al establecido en las bases de la licitación?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública acogió la impugnación porque la comisión evaluadora aplicó un método de evaluación de la experiencia distinto al previsto en las bases, vulnerando el principio de estricta sujeción a las bases de la Ley N°19.886, y declaró ilegales y arbitrarios el informe de evaluación y el decreto de adjudicación.
¿Se puede dejar sin efecto una adjudicación ya ejecutada si se declara ilegal el informe de evaluación?
En este caso, el tribunal no dejó sin efecto la adjudicación porque el contrato ya había sido adjudicado a un oferente de buena fe que lo ejecutó íntegramente, y solo reconoció a la demandante el derecho a entablar acciones indemnizatorias y disciplinarias.
¿Qué acciones puede ejercer un oferente perjudicado si se declara ilegal la adjudicación de una licitación pública?
En este caso, el tribunal reconoció a la demandante el derecho a entablar las acciones indemnizatorias y disciplinarias que estimara pertinentes ante las sedes jurisdiccionales correspondientes, tras declarar ilegales y arbitrarios el informe de evaluación y el decreto de adjudicación.
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