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La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución N° 835, de 2012, de…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución N° 835, de 2012, de la propia Contraloría, que aprueba un acuerdo suscrito con la Organización para la C.D.E. (OCDE). El acto fue considerado ajustado a derecho, pero con alcance: el organismo sólo cuenta con presupuesto en moneda nacional y, al no constar la autorización previa del Ministro de Hacienda exigida por el artículo 27 del decreto ley N° 1.263, de 1975, para adquirir moneda extranjera, el pago previsto en la cláusula 3 del convenio debe solucionarse en su equivalente en pesos chilenos, conforme al artículo 20 de la ley N° 18.010.

Normas citadas

  • dl 1263/75 art/27
  • ley 18010 art/20
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede un organismo público pagar en moneda extranjera un convenio internacional si no tiene presupuesto en divisas?

En este caso, la Contraloría General sostuvo que, al no constar la autorización previa del Ministro de Hacienda exigida por el artículo 27 del decreto ley N° 1.263 para adquirir moneda extranjera, el pago del convenio con la OCDE debe efectuarse en su equivalente en pesos chilenos, conforme al artículo 20 de la ley N° 18.010.

¿Qué pasa con la obligación de pago en dólares de un acuerdo internacional si el organismo sólo tiene presupuesto en pesos chilenos?

En este caso, el organismo sólo cuenta con presupuesto en moneda nacional, por lo que el pago previsto en la cláusula 3 del convenio se solucionará en su equivalente en pesos chilenos, según lo resuelto por la Contraloría.

¿La Contraloría puede tomar razón de un acuerdo internacional aprobado por resolución si el alcance de sus pagos no está autorizado?

En este caso, la Contraloría General tomó razón de la resolución N° 835 de 2012 por considerarla ajustada a derecho, pero con alcance: el pago debe hacerse en pesos chilenos por falta de autorización para adquirir moneda extranjera.

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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.