La Fundación Educacional Colegio San Nicolás de Hijuelas reclamó judicialmente contra l…
Sentencia · Corte Suprema · 2024
Resumen
La Fundación Educacional Colegio San Nicolás de Hijuelas reclamó judicialmente contra la Resolución Exenta PA N° 001152 de noviembre de 2023, dictada por el Fiscal de la Superintendencia de Educación, que rechazó su reclamación administrativa y mantuvo una multa de 51 UTM. La sanción se fundó en que el establecimiento no contaba con un protocolo de actuación en caso de maltrato, violencia y/o acoso escolar, constatado en una fiscalización derivada de una denuncia por discriminación contra un estudiante con TEA. La Corte Suprema, en su pronunciamiento, rechazó el reclamo, considerando que el principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionador admite cierta atenuación respecto del ámbito penal. Concluyó que la Superintendencia no incurrió en el vicio denunciado, pues la obligación de contar con dicho protocolo deriva de la Ley N° 20.529, y que la reclamante no acreditó el cumplimiento de las obligaciones exigidas.
Normas citadas
Artículo 85 de la Ley 20.529
Artículo 86 de la Ley 20.529
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Preguntas frecuentes
¿Puede la Superintendencia de Educación sancionar a un colegio por no tener un protocolo de actuación frente al maltrato o acoso escolar?
En este caso, la Corte Suprema rechazó el reclamo y confirmó la multa de 51 UTM, considerando que la obligación de contar con ese protocolo deriva de la Ley N° 20.529 y que el colegio no acreditó su cumplimiento.
¿El principio de tipicidad se aplica con la misma rigurosidad en el derecho administrativo sancionador que en el penal?
La Corte Suprema sostuvo que el principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionador admite cierta atenuación respecto del ámbito penal, lo que permitió desestimar el vicio alegado por el establecimiento.
¿Qué pasa si un establecimiento educacional reclama contra una multa de la Superintendencia de Educación por falta de protocolo de convivencia?
En este caso, el reclamo fue rechazado porque la Corte Suprema estimó que la Superintendencia no incurrió en el vicio denunciado y que la reclamante no probó haber cumplido las obligaciones exigidas por la ley.
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