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Una comisaria de la Policía de Investigaciones de Chile, con grado 8, recurrió de prote…

Sentencia · Corte Suprema · 2023

Resumen

Una comisaria de la Policía de Investigaciones de Chile, con grado 8, recurrió de protección contra la resolución que la destinó de Ñuñoa a Antofagasta, alegando que era ilegal y arbitraria por motivos de arraigo familiar, tras haber pedido previamente reconsideración, rechazada por resolución posterior. La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso, al estimar que la destinación fue dictada por autoridad competente, por necesidad del servicio y conforme a la normativa aplicable. Sostuvo que el arraigo familiar no basta para impedir una destinación y que la falta de explicitación de causas no implica carencia de motivación cuando la necesidad del servicio es evidente. Señaló que la movilidad es esencial a la labor policial y que el Reglamento de Destinaciones fija un tiempo mínimo de permanencia de tres años, plazo que no se alegó vulnerado. Sin costas.

Normas citadas

  • Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 24 de la Constitución Política de la República
  • Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia
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Preguntas frecuentes

¿El arraigo familiar impide que la PDI destine a un funcionario a otra ciudad?

En este caso, la Corte Suprema confirmó que el arraigo familiar no basta por sí solo para impedir una destinación, la que se justificó por necesidad del servicio, dictada por autoridad competente y conforme a la normativa aplicable.

¿Una destinación de la PDI es ilegal si no explica sus causas específicas?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la falta de explicitación de causas no implica carencia de motivación cuando la necesidad del servicio es evidente, y que la movilidad es esencial a la labor policial.

¿Qué plazo de permanencia mínima existe para los funcionarios de la PDI antes de ser destinados a otra región?

En este caso, el tribunal señaló que el Reglamento de Destinaciones fija un tiempo mínimo de permanencia de tres años, plazo que no se alegó vulnerado en el recurso.

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