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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección interpuesto por un…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2023

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección interpuesto por un funcionario de la Policía de Investigaciones en contra de su traslado desde la B.H.T. a la B.I.C.V.. El recurrente alegó que el procedimiento de destinación no cumplió con la Orden General N° 2.675 y vulneró garantías constitucionales. La Séptima Sala consideró que el traslado se ajustó a derecho al estar motivado por necesidades institucionales, causal válida que no requiere el mismo nivel de fundamentación que otros procedimientos administrativos. Se descartó arbitrariedad al no acreditarse un derecho indubitado ni afectación a la unidad familiar, pues no se demostró que el hijo mayor del recurrente no pudiera recibir igual atención médica en la Región Metropolitana.

Normas citadas

  • Artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República
  • Orden General N° 2.675 de la Dirección General de la PDI
  • Artículo 20 de la Orden General N° 2.675
  • Artículo 21 de la Orden General N° 2.675
  • Artículo 115 del Reglamento de la Policía de Investigaciones de Chile
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Preguntas frecuentes

¿Puede un funcionario de la PDI reclamar por medio de un recurso de protección su traslado por necesidades institucionales?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección contra el traslado de un funcionario de la PDI, al considerar que se ajustó a derecho por estar motivado en necesidades institucionales, causal que no exige el mismo nivel de fundamentación que otros procedimientos administrativos.

¿Cuándo un traslado de un funcionario policial puede considerarse arbitrario o vulnerar la unidad familiar?

La Corte descartó la arbitrariedad y la afectación a la unidad familiar porque no se acreditó un derecho indubitado, y tampoco se demostró que el hijo mayor del recurrente no pudiera recibir igual atención médica en la Región Metropolitana.

¿Basta alegar que no se cumplió la Orden General N° 2.675 para anular un traslado de la PDI?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que el traslado no vulneró la Orden General N° 2.675 ni garantías constitucionales, por lo que rechazó el recurso que alegaba su incumplimiento.

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