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La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de amparo económico,…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de amparo económico, previsto en la Ley N°18.971, interpuesto contra la Municipalidad de Las Condes por la eliminación de estacionamientos que afectaba a comercios de la zona. Las recurrentes sostenían que esa medida vulneraba el derecho a desarrollar actividades económicas reconocido en el artículo 19 N°21 de la Constitución. El tribunal estimó que los hechos atribuidos a la municipalidad no correspondían a aquellos que pueden ser cautelados por esta vía. Agregó que el ordenamiento contempla otra impugnación para el acto administrativo cuestionado, el reclamo de ilegalidad municipal, por lo que el recurso no pudo ser admitido a tramitación.

Normas citadas

  • Ley N° 18.971
amparo económicoLey N°18.971artículo 19 N°21 Constituciónlibertad económicainadmisibilidadreclamo de ilegalidad municipalacto administrativo municipalestacionamientos

Preguntas frecuentes

¿Procede el recurso de amparo económico contra una municipalidad por la eliminación de estacionamientos que afecta a comercios?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso, porque estimó que los hechos atribuidos a la municipalidad no correspondían a los que pueden ser cautelados por esta vía. Además, indicó que el acto administrativo cuestionado tiene como impugnación el reclamo de ilegalidad municipal.

¿Qué vía procede para impugnar un acto administrativo municipal que afecta la actividad económica si no cabe el amparo económico?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que el ordenamiento contempla el reclamo de ilegalidad municipal como impugnación para el acto administrativo cuestionado. Por esa razón, no admitió a tramitación el recurso de amparo económico.

¿Puede invocarse el artículo 19 N°21 de la Constitución para cuestionar medidas municipales que afectan comercios?

En este caso, las recurrentes invocaron el derecho a desarrollar actividades económicas del artículo 19 N°21 de la Constitución. La Corte de Apelaciones de Santiago no acogió esa vía, al estimar que los hechos no eran cautelables por el amparo económico.

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