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La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de amparo económico…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de amparo económico deducido por dos empresas en contra de la Municipalidad de Las Condes, relacionado con la eliminación de estacionamientos de sus comercios. El tribunal consideró que los hechos denunciados no son susceptibles de ser cautelados por esta vía, ya que el ordenamiento jurídico contempla otras instancias de impugnación más idóneas, como el reclamo de ilegalidad municipal, para cuestionar el acto administrativo. En consecuencia, se ordenó el archivo del recurso.

Normas citadas

  • Artículo 19 N°21 de la Constitución Política de la República
  • Ley N°18.971 (Amparo Económico)
  • Artículo único de la Ley N°18.971
amparo económicoderecho a desarrollar actividad económicaacto administrativoreclamo de ilegalidad municipalinadmisibilidadvías de impugnaciónMunicipalidad de Las Condesestacionamientos comerciales

Preguntas frecuentes

¿Procede el recurso de amparo económico contra una municipalidad por la eliminación de estacionamientos que afecta a un comercio?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de amparo económico, al considerar que los hechos denunciados no son susceptibles de ser cautelados por esta vía. Estimó que existen instancias más idóneas, como el reclamo de ilegalidad municipal, para impugnar el acto administrativo.

¿Cuál es la vía adecuada para impugnar una decisión municipal que elimina estacionamientos frente a un comercio?

En este caso, el tribunal sostuvo que el ordenamiento jurídico contempla otras instancias de impugnación más idóneas que el amparo económico, como el reclamo de ilegalidad municipal, para cuestionar el acto administrativo. Por ello ordenó el archivo del recurso.

¿Qué pasa con un recurso de amparo económico que se dirige a cuestionar un acto de la administración municipal?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago lo declaró inadmisible y ordenó su archivo, porque los hechos denunciados no eran cautelables mediante amparo económico. Sostuvo que la impugnación debía canalizarse por otras vías más idóneas.

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