La Contraloría General de la República se pronunció sobre una consulta de un servidor d…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una consulta de un servidor de la Dirección del Trabajo que pretendía desarrollar práctica profesional y tareas de docencia. El órgano concluyó que puede realizar la práctica profesional y la docencia durante su feriado legal o un permiso sin goce de remuneraciones, al no existir prohibición expresa en la normativa, criterio que cita antecedentes previos. Advirtió, además, que conforme al artículo 8° de la ley N° 19.863 puede ejercer docencia en la jornada laboral compensando el tiempo no trabajado, hasta doce horas semanales. Asimismo, el artículo 20 bis del decreto ley N° 3.551 le impide prestar servicios docentes a entidades fiscalizadas por su institución, salvo autorización previa y expresa del jefe superior del servicio.
Normas citadas
Ley 18575 art/56 inc/1
ley 18575 art/56 inc/2
ley 18575 art/62 num/4
ley 19863 art/8
DL 3551/80 art/20 bis
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede un funcionario público de la Dirección del Trabajo realizar práctica profesional y docencia fuera de su jornada laboral?
Según este dictamen, la Contraloría General de la República concluyó que sí puede hacerlo durante su feriado legal o un permiso sin goce de remuneraciones, porque la normativa no contiene una prohibición expresa al respecto.
¿Puede un funcionario ejercer docencia durante su jornada laboral en la administración pública?
En este caso, la Contraloría advirtió que, conforme al artículo 8° de la ley N° 19.863, el funcionario puede ejercer docencia en la jornada laboral siempre que compense el tiempo no trabajado, hasta un máximo de doce horas semanales.
¿Qué limitaciones existen para que un funcionario de la Dirección del Trabajo preste servicios docentes a entidades fiscalizadas por el organismo?
Este dictamen sostiene que el artículo 20 bis del decreto ley N° 3.551 impide prestar servicios docentes a entidades fiscalizadas por la institución, salvo que exista autorización previa y expresa del jefe superior del servicio.
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