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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra preceptos legales que permitían imponer una inhabilitación para contratar con el Estado como sanción en materia de libre competencia. La requirente sostuvo que dicha medida, de aplicarse, podía causar un perjuicio mayor al Estado y a los consumidores que la infracción misma, lo que afectaría la racionalidad y justicia procedimental. Se citaron opiniones de la Fiscalía Nacional Económica y de un senador en favor de evaluar caso a caso la sanción. El Tribunal concluyó que la inhabilitación sería incompatible con el artículo 19 N° 2, inciso sexto, de la Constitución, y acogió el requerimiento. Hubo una disidencia y una prevención.

Normas citadas

  • artículo 294BIS, de Código del Trabajo
  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso quinto, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 22
  • Constitución Política, artículo 38 bis, inciso segundo
  • Constitución Política, artículo 7, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 8, inciso primero
Tribunal ConstitucionalINACompras públicasPrincipio non bis in ídemSanciones AdministrativasPrincipio protector del trabajoPrincipio de proporcionalidad de la sanción administrativa

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional aplicar automáticamente una inhabilitación para contratar con el Estado como sanción por infracciones a la libre competencia?

En este caso, el Tribunal sostuvo que la aplicación de esa inhabilitación sin evaluar las circunstancias concretas podía afectar la racionalidad y la justicia procedimental, por lo que se acogió el requerimiento. Hubo una disidencia y una prevención.

¿Qué argumentos se consideran al evaluar si una sanción de inhabilitación para contratar con el Estado es proporcionada en materia de libre competencia?

En este caso, se consideraron la opinión de la Fiscalía Nacional Económica y de un senador, quienes se pronunciaron a favor de evaluar la sanción caso a caso. El Tribunal tomó en cuenta esas posturas al resolver el requerimiento.

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