El Consejo para la Transparencia conoció un amparo de acceso a la información pública d…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un amparo de acceso a la información pública dirigido contra la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Arica y Parinacota. La solicitud tenía por objeto obtener una fiscalización sanitaria, lo que el Consejo consideró materia propia del derecho de petición y no del derecho de acceso a la información pública regulado por la Ley de Transparencia. En razón de ello, declaró inadmisible el amparo por unanimidad de los consejeros presentes, indicando que el requirente puede reformular su solicitud, identificando con precisión un acto, documento o antecedente que obre en poder del órgano. Contra esta decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de 15 días corridos desde su notificación, y no el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadSalud
Preguntas frecuentes
¿Se puede pedir una fiscalización sanitaria mediante una solicitud de acceso a la información pública de la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia consideró que pedir una fiscalización sanitaria es materia del derecho de petición y no del derecho de acceso a la información pública, por lo que declaró inadmisible el amparo.
¿Qué puede hacer una persona si el Consejo para la Transparencia declara inadmisible su amparo?
Según esta resolución, el requirente puede reformular su solicitud identificando con precisión un acto, documento o antecedente que obre en poder del órgano. Además, puede presentar reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de 15 días corridos desde la notificación.
¿Contra una resolución de inadmisibilidad del Consejo para la Transparencia procede el recurso de reposición?
En este caso, el Consejo sostuvo que contra su decisión no procede el recurso de reposición, sino el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente.
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