La Corte de Apelaciones de Santiago conoció un recurso de protección interpuesto por un…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago conoció un recurso de protección interpuesto por un particular contra Dicom Equifax S.A. y la Cámara de Comercio de Santiago A.G., por la publicación de morosidades en el Boletín Comercial vinculadas a una deuda con un banco. El recurrente alegaba que la información era inexacta y que la obligación estaba prescrita. El tribunal rechazó la acción, sin costas, por estimar que no hubo acto arbitrario o ilegal: el recurrente no acreditó la extinción de la obligación en los términos del artículo 18 de la Ley N° 19.628, y las recurridas se limitaron a publicar las morosidades informadas por las instituciones financieras, conforme a lo que la ley les permite.
Normas citadas
Artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República
Artículo 9 de la Ley N° 19.628
Artículo 18 de la Ley N° 19.628
Artículo 277 del Código de Procedimiento Civil
Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992
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Preguntas frecuentes
¿Puede una persona pedir la eliminación de una morosidad del Boletín Comercial si cree que la deuda está prescrita?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección porque el recurrente no acreditó la extinción de la obligación en los términos del artículo 18 de la Ley N° 19.628. Además, las empresas recurridas solo publicaron morosidades informadas por las instituciones financieras, como la ley les permite.
¿Es arbitraria la publicación de morosidades en el Boletín Comercial por parte de Dicom o de la Cámara de Comercio?
Según esta sentencia, no lo es cuando la publicación se limita a registrar las morosidades informadas por las instituciones financieras conforme a la ley. El tribunal estimó que no hubo acto arbitrario ni ilegal y rechazó la acción de protección, sin costas.
¿Qué debe probar quien reclama contra una información de morosidad que considera inexacta?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que el recurrente debía acreditar la extinción de la obligación, lo que no logró hacer. Por ello, el recurso de protección fue rechazado, por no haberse configurado un acto arbitrario o ilegal.
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