El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalid…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2012
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso primero del artículo 161 del Código Tributario, que faculta al Director Regional del Servicio de Impuestos Internos para aplicar sanciones por infracciones tributarias no constitutivas de delito y permite delegar esa atribución en funcionarios designados. La cuestión era si dicha norma vulneraba la Constitución por otorgar a un órgano administrativo potestades de carácter jurisdiccional. El Tribunal rechazó el requerimiento. Razonó que la disposición regula un procedimiento administrativo sancionador, cuyas sanciones son actos administrativos que no producen cosa juzgada ni resuelven conflictos entre partes, y que el debido proceso queda resguardado por la posibilidad de impugnar las sanciones ante los tribunales de justicia. Agregó que la delegación está autorizada por el artículo 41 de la Ley N° 18.575.
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Preguntas frecuentes
¿Puede el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos aplicar sanciones por infracciones tributarias sin que ello vulnere la reserva jurisdiccional?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la norma regula un procedimiento administrativo sancionador y no uno jurisdiccional, porque las sanciones son actos administrativos que no producen cosa juzgada ni resuelven conflictos entre partes. Por eso rechazó el requerimiento.
¿Se respeta el debido proceso si una sanción tributaria administrativa puede ser impugnada ante los tribunales de justicia?
En este caso, el Tribunal Constitucional razonó que el debido proceso queda resguardado porque las sanciones impuestas por el Servicio de Impuestos Internos pueden impugnarse ante los tribunales de justicia. Esa posibilidad de control judicial fue determinante para rechazar el requerimiento.
¿Es constitucional que el Director Regional de un servicio público delegue la facultad de sancionar en funcionarios designados?
En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que la delegación de esa atribución está autorizada por el artículo 41 de la Ley N° 18.575. Por lo tanto, no consideró que la delegación vulnerara la Constitución.
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