La Corte Suprema acogió un recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por una…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte Suprema acogió un recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por una funcionaria pública contra una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había rechazado su demanda de indemnización por enfermedad profesional. La controversia consistía en determinar si los juzgados laborales son competentes para conocer acciones indemnizatorias de funcionarios públicos por enfermedades profesionales. La recurrente sostenía que los funcionarios públicos se sujetan al Código del Trabajo en materias no previstas en sus leyes especiales, incluida la protección de la vida y la salud. El tribunal reconoció la competencia de los tribunales laborales, considerando que las disposiciones sobre protección de la vida y salud son de orden público y que excluir a los funcionarios públicos generaría una desigualdad injustificada respecto de los trabajadores del sector privado. La sentencia fue pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema.
Normas citadas
Artículo 483 Código del Trabajo
Artículo 483-A Código del Trabajo
Artículo 420 letra f) Código del Trabajo
Artículo 1 Código del Trabajo
Artículo 184 Código del Trabajo
competencia laboralfuncionarios públicosenfermedad profesionalindemnización de perjuiciosrecurso de unificación de jurisprudenciajusticia laboralorden público
Preguntas frecuentes
¿Los juzgados laborales son competentes para conocer demandas de indemnización por enfermedad profesional presentadas por funcionarios públicos?
Sí. En este caso, la Corte Suprema acogió el recurso de unificación de jurisprudencia y reconoció la competencia de los tribunales laborales para conocer estas acciones indemnizatorias de funcionarios públicos.
¿Se aplica el Código del Trabajo a los funcionarios públicos en materias de protección de la vida y la salud?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que estas disposiciones son de orden público, por lo que se aplican también a los funcionarios públicos cuando sus leyes especiales no las regulan.
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