El Juzgado de Policía Local de Quillota conoció una querella infraccional y una demanda…
Sentencia · JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE QUILLOTA · 2024
Resumen
El Juzgado de Policía Local de Quillota conoció una querella infraccional y una demanda civil de indemnización de perjuicios presentadas por un consumidor contra una sociedad automotriz, por una compraventa de vehículo mediante suscripción. Se discutió el incumplimiento de deberes de información y de servicio del proveedor, en los términos de la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. El tribunal acogió ambas acciones y condenó en rebeldía al proveedor al pago de una multa de 40 UTM a beneficio fiscal, con costas, por infringir los artículos 12 y 23 de la ley. Asimismo, lo condenó a pagar $13.788.400 por daño emergente y daño moral, fijando prudencialmente este último en $500.000, con intereses corrientes y reajuste según el IPC.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 12
Ley 19.496, Art. 23
Ley 19.496, Art. 24 Inc. 5 Letra b
Ley 19.496, Art. 24 Inc. 7
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿Qué sanción puede recibir un proveedor automotriz en Chile que incumple deberes de información y de servicio en la compraventa de un vehículo?
En este caso, el Juzgado de Policía Local de Quillota acogió la querella por infracción a los artículos 12 y 23 de la Ley 19.496 y condenó en rebeldía al proveedor a una multa de 40 UTM a beneficio fiscal, con costas.
¿Puede el consumidor demandar indemnización de perjuicios junto con la querella infraccional contra un proveedor por incumplimientos en la venta de un vehículo?
Sí, en este caso el tribunal acogió tanto la querella infraccional como la demanda civil y condenó al proveedor a pagar $13.788.400 por daño emergente y daño moral, fijando este último en $500.000.
¿Cómo se fija el daño moral que debe pagar un proveedor al consumidor por incumplimientos en una compraventa de vehículo mediante suscripción?
En este caso, el tribunal fijó prudencialmente el daño moral en $500.000, sumado al daño emergente, y ordenó que las sumas devenguen intereses corrientes y se reajusten según el IPC.
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