Resumen
La Dirección del Trabajo emitió un dictamen que deja sin efecto las instrucciones impartidas por la Inspección Provincial del Trabajo de San Antonio a la Escuela Industrial de San Antonio, mediante un oficio de junio de 1998. El punto controvertido era si los aportes que la Ley N° 19.504 ordena entregar a los sostenedores municipales y particulares subvencionados, para que paguen la remuneración mínima por hora cronológica a los profesionales de la educación, constituyen un reajuste de la Unidad de Subvención Educacional, lo que habría dado derecho a los trabajadores a un reajuste pactado en un contrato colectivo. Según el informe del Ministerio de Educación, dichos aportes solo incrementan los factores de la subvención por nivel, modalidad y tipo de enseñanza, sin alterar el valor de la Unidad de Subvención Educacional. Por ello, el organismo concluyó que los trabajadores afectos al contrato colectivo no tenían derecho al reajuste pactado en su cláusula cuarta.