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La Corte de Apelaciones de San Miguel conoció un recurso de amparo constitucional deduc…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de San Miguel conoció un recurso de amparo constitucional deducido a favor de un adolescente imputado por tráfico de drogas y tenencia de arma y municiones, contra la medida cautelar de internación provisoria decretada por un juzgado de garantía de Santiago. La parte recurrente cuestionó la resolución. La Corte concluyó que la medida fue dictada por un tribunal dentro de sus facultades legales y competencia, y que se encuentra debidamente fundamentada, por lo que no existe ilegalidad que justifique la intervención de la acción constitucional. En consecuencia, rechazó el recurso, indicando que la vía idónea para revertir lo resuelto es el recurso de apelación y no el amparo.

Normas citadas

  • Ley 20.000
  • Artículo 3° de la Ley 20.000
amparo constitucionalartículo 21 Constitucióninternación provisoriaresponsabilidad penal adolescentelibertad personalseguridad individualtráfico ilícito de drogasley 20.000

Preguntas frecuentes

¿Procede el recurso de amparo para revisar una medida cautelar de internación provisoria decretada a un adolescente imputado?

En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el amparo porque la medida fue dictada dentro de las facultades y competencia del juzgado de garantía y está debidamente fundamentada, por lo que no hubo ilegalidad. Además, indicó que la vía idónea para revertir lo resuelto es el recurso de apelación y no el amparo.

¿Qué vía procesal corresponde para impugnar una internación provisoria decretada por un juzgado de garantía?

En este caso, la Corte sostuvo que la vía idónea para revertir la internación provisoria es el recurso de apelación y no la acción de amparo constitucional. Por ello, rechazó el recurso presentado contra la medida.

¿Cuándo una medida cautelar de internación provisoria puede considerarse ilegal para efectos del amparo?

En este caso, la Corte concluyó que no existía ilegalidad, ya que la medida fue dictada por un tribunal competente, dentro de sus facultades legales y debidamente fundamentada. Por tanto, no se configuraron los presupuestos que justificaran la intervención de la acción constitucional.

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