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La Contraloría General de la República dictaminó que el Intendente Regional Metropolita…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República dictaminó que el Intendente Regional Metropolitano de Santiago debe abstenerse de usar el logo institucional que había adoptado para el Gobierno Regional, por no contar con el acuerdo previo del Consejo Regional. Como medida de regularización, se ordenó solicitar al consejo que ratifique la decisión y comunicarlo al organismo contralor dentro de 20 días hábiles. El órgano no advirtió que la licitación para el estudio de identidad, sello y marca, adjudicada por $25.000.000 y con seis oferentes, infringiera los principios de eficiencia y eficacia de la ley N° 18.575, ni que su imputación presupuestaria fuera incorrecta.

Normas citadas

  • Ley 18575 art/21 inc/1
  • pol art/24
  • ley 18575 art/1 inc/1 ley 18575 art/1 inc/2
  • pol art/111 inc/1
  • ley 19175 art/1 ley 19175 art/2 lt/a
  • dfl 60/18834/90 inter art/1
  • dfl 22/59 hacie art/1 ley 18575 art/29
  • pol art/32 num/6
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Puede el intendente regional cambiar el logo institucional del Gobierno Regional sin el acuerdo del consejo regional?

No. En este caso, la Contraloría dictaminó que el intendente debe abstenerse de usar el logo adoptado, porque no contaba con el acuerdo previo del Consejo Regional. Como regularización, debe pedir al consejo que ratifique la decisión y comunicarlo a la Contraloría dentro de 20 días hábiles.

¿Qué pasos debe seguir un gobierno regional si adoptó una decisión de imagen institucional sin aprobación previa del consejo regional?

En este caso, la Contraloría ordenó solicitar al consejo regional que ratifique la decisión y comunicar esa ratificación al organismo contralor en un plazo de 20 días hábiles. Mientras tanto, la autoridad debe abstenerse de usar el logo cuestionado.

¿La Contraloría revisa la licitación y la imputación presupuestaria de un estudio de identidad visual de un gobierno regional?

En este caso, la Contraloría no advirtió que la licitación para el estudio de identidad, sello y marca, adjudicada por $25.000.000 con seis oferentes, infringiera los principios de eficiencia y eficacia de la Ley N° 18.575. Tampoco observó que su imputación presupuestaria fuera incorrecta.

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