Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema analizó un recurso de queja interpuesto por el abogado Marcos Olivos Silva contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Iquique, quienes confirmaron la caducidad de las acciones de tutela por vulneración de derechos fundamentales y despido indirecto. El recurrente sostenía que el plazo de caducidad debía contarse como 90 días hábiles desde el despido, considerando el reclamo administrativo, y que la interpretación contraria vulneraba el acceso a la justicia. Los recurridos defendieron que el plazo era de 60 días, sin posibilidad de extensión más allá de ese límite. La Corte Suprema reiteró que el recurso de queja solo procede para corregir faltas o abusos graves en resoluciones jurisdiccionales, no para revisar interpretaciones legales. En su análisis, la Corte interpretó que el artículo 168 del Código del Trabajo permite una extensión del plazo hasta 90 días cuando media reclamo administrativo, pero concluyó que los jueces recurridos no incurrieron en falta grave al aplicar su propia interpretación. Por lo tanto, rechazó el recurso de queja, reafirmando su carácter disciplinario y no casatorio.