Constitucional AIIniciar sesión
Inicio›Jurisprudencia›Derecho administrativo
Administrativo

La Contraloría General de la República se pronunció sobre si el artículo 25, letra c),…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2026

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre si el artículo 25, letra c), de la ley N° 21.796, de presupuestos del sector público para 2026, resulta aplicable a las transferencias de recursos que el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) efectúa a instituciones privadas ejecutoras de políticas públicas. El organismo concluyó que sí resulta aplicable, en la medida en que dichas transferencias no sean contradictorias con la norma. Fundó su decisión en que la ley N° 18.989 faculta al FOSIS para suscribir convenios con entidades privadas inscritas en su registro, y que esa ley no contiene disposiciones que se opongan a condicionar los traspasos al cumplimiento de hitos diferidos en el tiempo. Asimismo, consideró ajustada a la normativa la modalidad consultada, en que se entrega un anticipo del 20% al inicio de las actividades y el saldo una vez cumplidos los avances de la primera etapa.

Normas citadas

  • Ley 18989 art/7
  • ley 18989 art/10 inc/2
  • ley 18989 art/10 inc/3
  • ley 18989 art/10 inc/5
  • ley 18989 art/10 inc/8
  • DTO 55/91 mideplan art/1
  • ley 21796 art/23 inf/fin
  • ley 21796 art/24
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Se aplica la limitación del artículo 25, letra c), de la ley de presupuestos 2026 a las transferencias que el FOSIS hace a instituciones privadas ejecutoras?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que sí resulta aplicable, siempre que las transferencias no sean contradictorias con la norma. Fundó la decisión en que la ley N° 18.989 faculta al FOSIS para suscribir convenios con entidades privadas inscritas en su registro.

¿El FOSIS puede condicionar el pago a entidades privadas al cumplimiento de hitos diferidos en el tiempo?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la ley N° 18.989 no contiene disposiciones que se opongan a condicionar los traspasos al cumplimiento de hitos diferidos en el tiempo. Por ello, no advirtió impedimento para esta forma de pago.

¿Es válida la entrega de un anticipo del 20% al inicio de las actividades, con el saldo pagado tras cumplir la primera etapa?

En este caso, la Contraloría consideró ajustada a la normativa la modalidad consultada, que contempla un anticipo del 20% al inicio y el saldo una vez cumplidos los avances de la primera etapa. Así lo concluyó al pronunciarse sobre la materia.

Más jurisprudencia de derecho administrativo de 2026 →

Lee el documento completo

Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.

Ver el documento completoYa tengo cuenta

La IA lo lee completo y te responde citando el fallo y la jurisprudencia relacionada.

Te pedimos crear una cuenta gratis para responderte.

Jurisprudencia relacionada

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre una contratación por trato di…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2019

  • La Contraloría General de la República se pronuncia sobre la aplicación de la circular…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2025

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre los traspasos de prestadores…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2023

  • La Contraloría General de la República resolvió que la resolución exenta N° 1.858, de 2…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2025

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre la rendición de cuentas de lo…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2025

Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona

Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.