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La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió una acción de protección deducida por cuat…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024

Resumen

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió una acción de protección deducida por cuatro integrantes de una familia contra la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso, por omisión en la ejecución de la Resolución Exenta N°1000, de 2021, que ordenaba paralizar y demoler construcciones ilegales en zona de riesgo de incendios y humedales en el sector Pompeya Sur. El tribunal estimó que la negativa de la autoridad a ejecutar su propia resolución y a restablecer la legalidad urbanística constituía un trato discriminatorio frente a otros administrados que recibieron respuestas acordes al ordenamiento, vulnerando la igualdad ante la ley. Se ordenó a la Secretaría notificar la resolución dentro de treinta días desde que el fallo quede firme y seguir adelante con su ejecución. No se impusieron costas.

Normas citadas

  • Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC)
  • Artículo 151 LGUC
  • Constitución Política de la República
  • Resolución Exenta N°1000 de 18 de junio de 2021
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Preguntas frecuentes

¿Puede la autoridad negarse a ejecutar sus propias resoluciones que ordenan demoler construcciones ilegales?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso estimó que la negativa de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo a ejecutar su propia resolución y a restablecer la legalidad urbanística constituía un trato discriminatorio, vulnerando la igualdad ante la ley.

¿Qué ocurre si una autoridad urbanística omite ejecutar una orden de demolición y trata a unos administrados distinto que a otros?

El tribunal acogió la acción de protección por considerar que otros administrados habían recibido respuestas acordes al ordenamiento, por lo que la omisión vulneró la igualdad ante la ley y se ordenó a la Secretaría notificar la resolución y seguir adelante con su ejecución.

¿Cuál es el plazo para que la autoridad notifique una resolución de demolición tras un fallo de protección?

En este caso, la Corte de Apelaciones ordenó a la Secretaría notificar la resolución dentro de treinta días desde que el fallo quede firme. No se impusieron costas.

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