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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la negativa de la Dirección d…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la negativa de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile a pagar la bonificación del artículo 19 de la ley N° 15.386 a un exfuncionario de Gendarmería de Chile. La institución previsional sostenía que no correspondía el pago. El organismo contralor constató que la solicitud fue presentada cuando el interesado aún era funcionario, pues su retiro se dispuso con efecto desde el 1 de abril de 2012, requisito que permite acceder al beneficio. Por ello, concluyó que debía pagarse el emolumento. Al no existir antecedentes nuevos que modificaran el dictamen anterior, ordenó a la entidad previsional adoptar a la brevedad las medidas para cumplirlo, por ser obligatorio conforme al artículo 9°, inciso final, de la ley N° 10.336.

Normas citadas

  • ley 15386 art/19
  • ley 10336 art/9 inc/fin
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Procede el pago de la bonificación del artículo 19 de la ley 15.386 si la solicitud se presentó siendo aún funcionario activo?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que sí procede el pago, porque la solicitud fue presentada mientras el interesado aún era funcionario, ya que su retiro se dispuso con efecto posterior. Por eso ordenó a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile cumplir con el pago.

¿Puede la Dirección de Previsión de Carabineros negarse a pagar un beneficio ya reconocido en un dictamen anterior de Contraloría?

En este caso, la Contraloría constató que no existían antecedentes nuevos que modificaran su dictamen anterior, por lo que reiteró la obligación de pago. Además, ordenó adoptar a la brevedad las medidas para cumplirlo, por ser obligatorio conforme a la ley 10.336.

¿Es obligatorio para un organismo cumplir un dictamen de la Contraloría General de la República?

En este caso, la Contraloría sostuvo que el cumplimiento de su pronunciamiento es obligatorio conforme al artículo 9°, inciso final, de la ley 10.336, y ordenó a la entidad previsional adoptar las medidas necesarias a la brevedad.

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