Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el bono de escolaridad para trabajadores municipales traspasados desde servicios de educación y salud, previsto en el artículo 13 de las leyes N°s. 20.313, 20.403 y 20.486, que exige que el hijo sea carga familiar reconocida y cursa estudios regulares. Un funcionario había reclamado el pago del bono de los años 2009, 2010 y 2011, pues el municipio sostuvo que la carga no estaba acreditada, mientras él alegaba contar con un certificado de asignación familiar desde marzo de 2009. El organismo señaló que la acreditación de los requisitos debe examinarse al momento del pago del beneficio, por lo que puede presentarse después de marzo, fecha en que nace el derecho, sin perjuicio del plazo de prescripción de seis meses del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. En consecuencia, ordenó al municipio verificar qué documentos presentó el recurrente y la fecha de su presentación para determinar la procedencia del derecho, e informar a la Contraloría.