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La Corte de Apelaciones acogió un recurso de amparo interpuesto en favor de un ciudadan…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2023

Resumen

La Corte de Apelaciones acogió un recurso de amparo interpuesto en favor de un ciudadano extranjero condenado a expulsión del territorio nacional, cuya medida no había sido ejecutada en el plazo de 120 días fijado en la sentencia ejecutoriada. El tribunal constató que la Policía de Investigaciones de Chile no había adoptado medidas concretas para materializar la expulsión y que la alegada falta de nómina remitida por Gendarmería de Chile no justificaba la omisión, ya que la sentencia le había sido remitida oportunamente. Se concluyó que esa demora injustificada perturbaba la garantía de libertad personal del amparado, y se ordenó a la Policía de Investigaciones ejecutar la expulsión dentro de 30 días.

Normas citadas

  • Artículo 21 Constitución Política de la República (Recurso de Amparo)
  • Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería
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Preguntas frecuentes

¿Qué ocurre si la expulsión de un extranjero condenado no se ejecuta dentro del plazo fijado en la sentencia?

En este caso, la Corte de Apelaciones acogió un recurso de amparo porque la expulsión no se ejecutó en el plazo de 120 días fijado en la sentencia. Consideró que la demora injustificada afectaba la libertad personal del amparado y ordenó a la Policía de Investigaciones ejecutarla en 30 días.

¿La falta de nómina de Gendarmería de Chile justifica la demora en ejecutar una expulsión?

En este caso, la Corte de Apelaciones sostuvo que la alegada falta de nómina remitida por Gendarmería de Chile no justificaba la omisión, porque la sentencia le había sido remitida oportunamente a la Policía de Investigaciones. Por eso concluyó que la demora era injustificada.

¿Se puede recurrir de amparo para exigir que se cumpla una medida de expulsión decretada judicialmente?

En este caso, la Corte de Apelaciones acogió un recurso de amparo en favor de un extranjero condenado a expulsión, constatando que la Policía de Investigaciones no había adoptado medidas concretas para materializarla. El tribunal entendió que esa inactividad perturbaba la garantía de libertad personal del amparado.

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