La Corte de Apelaciones acogió un recurso de amparo presentado por una ciudadana argent…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024
Resumen
La Corte de Apelaciones acogió un recurso de amparo presentado por una ciudadana argentina contra una orden de expulsión dictada en 2014 por la Intendencia de la Región de La Araucanía. La medida se había fundado en que la amparada se encontraba formalizada por delitos contra la Ordenanza General de Aduanas, pero el Ministerio Público manifestó posteriormente su decisión de no perseverar en el procedimiento. El tribunal sostuvo que la formalización es solo la comunicación de una investigación en curso y no un hecho establecido por sentencia, y que la normativa vigente entonces (D.L. 1.094) solo permitía expulsar por delitos comunes calificados como crímenes o por prófugos de la justicia, supuestos que no concurrían. Por ello declaró ilegal la resolución de expulsión por carecer de motivación ajustada a la normativa de la época y por vulnerar la garantía de libertad personal, ordenando dejarla sin efecto de inmediato.
Normas citadas
Artículo 21 Constitución Política (Amparo)
Artículo 15 nº2 DL 1094 de 1975
Artículo 26 nº2 DS 597 de 1984
Artículo 30 DS 597 de 1984
Ley 21.325 Ley de Migración y Extranjería
Artículo 3º DL 1094 de 1975
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Preguntas frecuentes
¿Basta la formalización de una investigación penal para justificar la expulsión de un extranjero en Chile?
En este caso, la Corte de Apelaciones sostuvo que la formalización solo comunica una investigación en curso y no equivale a un hecho establecido por sentencia, por lo que no puede fundar por sí sola una expulsión.
¿Puede expulsarse a un extranjero por delitos aduaneros bajo el D.L. 1.094 de 1975?
En este caso, el tribunal indicó que la normativa vigente en la época solo permitía expulsar por delitos comunes calificados como crímenes o por prófugos de la justicia, supuestos que no se configuraban en el caso.
¿Cuándo procede el recurso de amparo contra una orden de expulsión de un extranjero?
En este caso, la Corte de Apelaciones acogió el amparo al estimar que la resolución de expulsión carecía de motivación ajustada a la normativa de la época y vulneraba la libertad personal, ordenando dejarla sin efecto.
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