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La Contraloría General de la República se pronunció sobre una presentación que cuestion…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2019

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre una presentación que cuestionaba el oficio N° 653, de 2018, relativo a la vigencia del artículo 109 ter del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, incorporado por el decreto N° 924, de 2015, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El organismo concluyó que dicho oficio no contraviene su jurisprudencia sobre los principios de irretroactividad de la ley penal y pro reo. Explicó que el oficio solo formuló consideraciones generales, reiteró que las normas de derecho público rigen in actum y no se pronunció sobre la aplicación de la disposición a internos del penal de Punta Peuco. Precisó que los dictámenes invocados se referían a la libertad condicional y no a los permisos de salida, y que sobre aquella materia no puede emitir pronunciamiento por existir requerimientos de inaplicabilidad pendientes ante el Tribunal Constitucional.

Normas citadas

  • dto 515/98 Justi art/109 ter
  • dto 515/98 Justi art/96
  • dl 321/25 Justi art/1 inc/2
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Las normas reglamentarias de ejecución de penas que restringen beneficios a internos se aplican a condenados por hechos anteriores a su entrada en vigencia?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que las normas de derecho público rigen in actum, por lo que su oficio no contravino la jurisprudencia sobre irretroactividad de la ley penal y pro reo. Aclaró que no se pronunció sobre la aplicación de la disposición a internos de Punta Peuco.

¿Qué alcance tiene la jurisprudencia de la Contraloría sobre la irretroactividad de la ley penal y el principio pro reo en materia de beneficios penitenciarios?

En este caso, el organismo precisó que los dictámenes invocados se referían a la libertad condicional y no a los permisos de salida. Sobre esta última materia, señaló que no puede emitir pronunciamiento porque existen requerimientos de inaplicabilidad pendientes ante el Tribunal Constitucional.

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