Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una consulta relativa al otorgamiento de libertad condicional, señalando que la decisión de conceder dicho beneficio corresponde exclusivamente a la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones respectiva, en este caso la de Temuco, conforme al decreto ley N° 321, de 1925, y su reglamento. Dicha comisión debe ponderar el cumplimiento de los requisitos legales, incluido el de conducta, pudiendo, en casos calificados y por unanimidad, dar por cumplido ese requisito sin el pronunciamiento del Tribunal de Conducta del establecimiento penal. La Contraloría declina emitir pronunciamiento sobre la determinación de fondo, por ser materia propia de la comisión. Respecto a la actuación del Centro de Detención Preventiva de Angol, no se advierten irregularidades que ameriten una investigación disciplinaria, por lo que se remiten los antecedentes para conocimiento.