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La Corte Suprema acogió un reclamo de ilegalidad interpuesto por un ciudadano venezolan…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte Suprema acogió un reclamo de ilegalidad interpuesto por un ciudadano venezolano en contra de una resolución de expulsión dictada por la Intendencia Regional de Arica y Parinacota. El tribunal revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, al estimar que la autoridad migratoria dictó la medida sin analizar los criterios obligatorios del artículo 129 de la Ley N° 21.325, en particular la existencia de hijos chilenos y la unidad familiar. Consideró que el certificado de nacimiento de la hija chilena acredita el vínculo filial y el arraigo familiar que debe ser ponderado, atendiendo al interés superior del niño. En consecuencia, dejó sin efecto la resolución de expulsión y ordenó dictar una nueva, considerando todos los criterios legales.

Normas citadas

  • Artículo 121 de la Ley N° 21.325
  • Artículo 129 de la Ley N° 21.325
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Preguntas frecuentes

¿Puede la autoridad migratoria expulsar a un extranjero que tiene hijos chilenos sin analizar la unidad familiar?

En este caso, la Corte Suprema estimó que no, porque la Intendencia dictó la expulsión sin ponderar los criterios obligatorios del artículo 129 de la Ley N° 21.325, en especial la existencia de hijos chilenos y la unidad familiar. Dejó sin efecto la resolución y ordenó dictar una nueva considerando esos criterios.

¿Cómo influye el interés superior del niño en una expulsión administrativa de un migrante en Chile?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el certificado de nacimiento de la hija chilena acredita el vínculo filial y el arraigo familiar, los que deben ser ponderados atendiendo al interés superior del niño. Por eso, la medida de expulsión debe analizar ese vínculo antes de adoptarse.

¿Qué efecto tiene un reclamo de ilegalidad contra una resolución de expulsión migratoria?

En este caso, la Corte Suprema acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto contra la resolución de expulsión, revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel y dejó sin efecto la medida. Ordenó a la autoridad migratoria dictar una nueva resolución considerando todos los criterios legales.

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